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Publicado por Adocampo
Entrevista a Fernando Amezcua, Secretario del Interior del SME. 15 noviembre 2011
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La próxima semana, propuestas de reinserción laboral de los 16 mil 599 electricistas: SME
Marcha y mitin en el Zócalo para exigir el cumplimiento de acuerdos firmados con el gobierno
Queremos cerrar este conflicto, porque con nosotros
no se juega, afirma Martín Esparza Flores
Patricia Muñoz Ríos | Periódico La Jornada | Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 20
El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, anunció a los miles de trabajadores reunidos al atardecer de ayer en el Zócalo capitalino que la próxima semana el gobierno federal les presentará las propuestas de reinserción laboral para los 16 mil 599 trabajadores que no han aceptado su liquidación.
Exige CILAS revocación de acuerdos de la JLCA-DF
Estos criterios son tan o más regresivos, que la reforma laboral que buscan en contubernio PRI-PAN-gobierno federal
Héctor de la Cueva | La Jornada - El Correo Ilustrado | Jueves 24 de Noviembre 2011
Héctor de la Cueva | La Jornada - El Correo Ilustrado | Jueves 24 de Noviembre 2011
Desde que fueron impuestos los nuevos
criteriosde funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, diversas organizaciones nos hemos manifestado en contra por considerar que son atentatorios de la libertad sindical de las y los trabajadores.
La Sedena, principal apoyo de Calderón para destruir los movimientos de oposición
Pedro Echeverría V. - Opinión EMET | Jueves 24 de Noviembre 2011
1. Aunque muchos no estén enterados, en México se multiplican los movimientos sociales de autodefensa y de protesta. Los combativos y honestos compañeros de La Otra Campaña se reunieron todo el día de este sábado 19 y lo harán (lo haremos) mañana domingo con el fin de analizar los problemas campesinos y obreros, así como de otros trabajadores explotados del país y así extraer programas de luchas.
Antes me dí tiempo para estar en un Foro en la Universidad Obrera donde los compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad analizaban la misma problemática social. Seguramente la APPO, la CNTE, los electricistas, los lópezobradoristas, del Congreso Social, etcétera, todos, tuvieron sendas reuniones para hablar de los mismos asuntos. Lo maravilloso será cuando podamos eliminar las poderosas barreras que nos separan y pasemos a integrar una coordinadora unitaria que nos permita batallar con fuerza.
Antes me dí tiempo para estar en un Foro en la Universidad Obrera donde los compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad analizaban la misma problemática social. Seguramente la APPO, la CNTE, los electricistas, los lópezobradoristas, del Congreso Social, etcétera, todos, tuvieron sendas reuniones para hablar de los mismos asuntos. Lo maravilloso será cuando podamos eliminar las poderosas barreras que nos separan y pasemos a integrar una coordinadora unitaria que nos permita batallar con fuerza.
2. Por eso, ¿alguien dudaba que las fuerzas armadas del ejército, la marina y la aviación son los héroes en este sexenio y los privilegios que han recibido de Felipe Calderón, el presidente ilegítimo y jefe de las fuerzas armadas mexicanas han sido cuantiosos? La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer ascensos a generales de división, brigada, brigadier así como coroneles, mayores, capitanes, tenientes y subalternos. En la lista de mil 235 nombramientos destacan los ascensos a general brigadier de Ricardo Trevilla Trejo, que se desempeña como director general de Comunicación Social de la Sedena y el ascenso a general brigadier de Alejandro Ramos Flores, actual subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la Procuraduría General de la República. Mientras nosotros exigimos que todas esos milicos regresen a sus carteles para acabar con las ocupaciones de varias entidades de la República, la burguesía les otorga premios para tenerlos muy contentos.
3. La realidad es que en México se vive muy baja coyuntura de movilizaciones. La gente está muy descontenta por el enorme desempleo y los salarios de hambre, pero se resiste aún a salir a la calle. Siguen registrándose muchas marchas –más que hace 10 años- de protesta en la ciudad de México y en varios estados del país, sin embargo parecen muy pobres en número y por tanto en fuerza. No hay muchos elementos para explicar lo que sucede y sólo podemos hablar de la enorme propaganda electoral, de los cientos de miles de millones de pesos que se despilfarran en las campañas, de la intensidad en los programas televisivos, del fútbol y del trabajo de la iglesia. Las batallas de los ocupa de Nueva York, las de los indignados en España y el mundo, así como las luchas sociales en Italia, Grecia, Chile, son muestra de que el descontento crece, pero hay países como México en donde estamos muy atrasados en levantar grandes movimientos de masas.
4. En México se pensaba incluso que en la Sedena podría haber una rebelión contra el presidente porque parte de los militares están descontentos por la política de guerra que se les impone ¿Creían muchos acaso que al abandonar el ejército decenas de miles de soldados de tropa éste se iría desintegrando y, por eso, en todos el país se ofrecen plazas en el ejército a campesinos y desempleados para sustituir a los soldados que desertan por miedo o para afiliarse a los grupos del narco? Nada de eso: Calderón está bien informado y aconsejado por eso tiene muy bien pagado a los jefes de la Sedena y ha acordado en estos cinco años muchos privilegios para ellos; sabe que su gobierno tiene como principal sostén al ejército, así como también a los medios de información, a los empresarios y a la clase política. Es claro que después de los enormes privilegios de las fuerzas armadas, están los autoaumentos que se han recetado los legisladores, los jueces de la SCJN y los consejeros del IFE.
5. Estas mil y un reuniones son muy importantes cuando permiten hacer crecer a cada organización pero también cuando van preparando el camino para coordinar luchas sociales. Si no logramos avanzar y sólo logramos dividirnos más y debilitarnos entonces no tienen caso sacrificar días completos en asambleas y análisis. Pienso que hay que hacer esfuerzos pensando en que no somos los dueños de la verdad y en estar abiertos para escuchar otras ideas y razones ubicadas entre las izquierdas. Nuestros enemigos están en las derechas, entre los explotados, en el capitalismo. Necesitamos construir estrategias que impidan que la burguesía siga destruyendo nuestras débiles y divididas batallas. Espero que los resolutivos de nuestra reunión logren sacar un esbozo claro de tareas políticas entre los indígenas, campesinos y obreros, muy bien pensadas, que permitan alejar el oportunismo pero también romper con cierto sectarismo.
Mayor denuncia en contra de CFE por un mal servicio
"Profeco capturada por sus propios intereses, de ahí que no regula bien y que ha obligado a dar seguimiento a las presentes tarifas escandalosas"
Entrevista a Jovanna Salazar y Daniel Gershenson, representantes de la organización "Al Consumidor"
Piden a la JLCA revocar acuerdos en materia sindical
Periodico La Jornada - El Correo Ilustrado | Miercoles 23 de Noviembre 2011
Profesores e investigadores de derecho del trabajo en diversas universidades del país manifestamos nuestra extrañeza e inconformidad con los acuerdos tomados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal.
Ignora las resoluciones que en materia de libertad sindical ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se extralimita en sus atribuciones, viola los derechos humanos, las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México, imponiendo limitaciones a los sindicatos a la contratación colectiva y a la huelga.
Por lo anterior, hacemos un llamado al GDF y a la citada junta local para que de inmediato, y sin que se apliquen en caso alguno, revoque sus desafortunados acuerdos y apegue su conducta a las atribuciones que le concede la LFT, en el entendido de que, de no hacerlo así, dejará evidente su intención de fomentar en la capital del país la celebración de contratos colectivos de protección patronal que tanto daño han hecho a las relaciones laborales, a las empresas, a los verdaderos sindicatos y a la economía de la nación.
Enrique Larios L., Néstor de Buen L., María Gpe. Zamora., Martha Moheno., Aleida Hernández C., Germán Reyes G., Manuel Fuentes M., Manuel García U., Arturo Fernández A., Manuel Reyna, Alfonso Bouzas O., María Teresa Guerra O.
Solución justa para los trabajadores del SME
Centro General de Trabajadores de Brasil se solidariza con el SME
Sindicato del País Vasco LAB se solidariza con el SME
Entrega SME 23 mil firmas de la consulta por una tarifa eléctrica justa al Congreso
Exigen que se frene “la política depredadora de privatización del sector eléctrico”
Piden que sea la Cámara de Diputados la que fije los costos y no “que el ejecutivo los imponga”
22 noviembre 2011 | Dulce Maya La Jornada Morelos
CUERNAVACA. Las más de 23 mil firmas de morelenses recopiladas a través de la Consulta por una Tarifa Social Justa y por un Mejor Servicio Eléctrico, realizada el domingo 13 de noviembre, fueron entregadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Morelos y vocero de la consulta, Héctor Salazar Porcayo, dio a conocer que el pasado 17 de noviembre se entregó en la Cámara de Diputados, los resultados y las más de 23 mil firmas los morelenses, donde se exige a los diputados integrantes de la LXI Legislatura se frene “la política depredadora de privatización del Sector Eléctrico que ha ocasionado los problemas que cotidianamente sufrimos los usuarios a lo largo y ancho del todo el país”.
Los firmantes urgen a los diputados federales a que, de acuerdo a sus facultades, legislen en contra de los altos cobros de electricidad y conformen la Comisión Nacional Regulatoria de las Tarifas Eléctricas. Para que desde el Congreso de la Unión se discutan y se fijen las tarifas del Servicio Público de Energía Eléctrica, y no como ahora, que el ejecutivo las impone a través de la Secretaría de Hacienda.
Además de que atiendan conforme a sus facultades los conflictos derivados de la extinción de Luz y Fuerza provocados por la falta de pericia y mantenimiento de la red eléctrica en los municipios de Cuernavaca y Huitzilac.
“La gran problemática que tenemos los usuarios atraviesa por que regrese el personal experto que atendía la zona central del país mediante la creación de una nueva empresa que con la experiencia de sus trabajadores remedie el pésimo servicio de electricidad, o bien la CFE asuma la figura de Patrón Sustituto para que los trabajadores que si saben de electricidad, los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, retomen el control de la red eléctrica”, señala el texto.
Los integrantes de la Consulta por una Tarifa Social Justa y por un Mejor Servicio Eléctrico en Morelos, demandan también que se frenen los abusos de la CFE en cuanto a los altos cobros de electricidad la mayoría estimados negando la CFE cualquier aclaración a los usuarios.
En tanto demandan, se obligue a la Delegación de la Profeco en Morelos cumpla su función defendiendo a los usuarios de la CFE y sus abusos. “Destacando el que CFE no se hace responsable por las variaciones de voltaje que han ocasionado incendios y dejado inservibles cientos de aparatos eléctricos”, concluye el documento.
Buscan en Morelos crear comisión reguladora de tarifas eléctricas
Piden al Congreso de la Unión que se legisle en la materia para evitar abusos en los cobros de Comisión Federal de Electricidad.
Rubicela Morelos Cruz, corresponsal | Publicado: 21/11/2011 17:34
Cuernavaca, Mor. Integrantes del comité ciudadano por una tarifa social justa y por un mejor servicio eléctrico demandaron a los legisladores federales la creación de la comisión nacional reguladora de las tarifas eléctricas y que paren los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las familias mexicanas.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Héctor Salazar Porcayo, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, informaron -hoy en rueda de prensa- que el pasado jueves entregaron 23 mil firmas de morelenses que manifiestan su hartazgo por los altos cobros que les hace la CFE.
“Mediante esas 23 mil firmas los morelenses exigimos a los integrantes de la 65 legislatura del Congreso de la unión que frene la política depredadora de privatización del sector eléctrico que ha ocasionado los problemas que cotidianamente sufrimos los usuarios a lo largo y ancho de todo el país”, dijo Salazar Porcayo.
Los usuarios de energía eléctrica También exigieron a los diputados que legislen contra los altos cobros de electricidad y que conformen la comisión nacional reguladora de las tarifas eléctricas para que desde el Congreso de la Unión se discutan y se fijen las tarifas del servicio público de energía eléctrica, y no como ahora, que el Ejecutivo las impone a través de la Secretaría de Hacienda.
Entre otras solicitudes que hacen está que intervengan para solucionar el problema que causó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y que se contrate de nuevo al personal experto para que se dé un mejor servicio eléctrico.
Asimismo los usuarios de la CFE pidieron a los legisladores federales que obliguen a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profec0) en Morelos para que cumpla su función de defenderlos ante los abusos y cobros excesivos de la CFE.
La urgencia de que sea el Congreso de la Unión el que fije la tarifas de cobro, según Porcayo, es para evitar que las familias resientan la reducción “o retiro total” del subsidio a la energía eléctrica que se ha anunciado para el próximo bimestre.
CFE ofrece dejar de "perseguir" a quejosos por altas tarifas: diputada
Raúl Llanos | Periódico La Jornada | Martes 22 de noviembre de 2011, p. 35
Los usuarios del servicio de energía eléctrica de esta capital que hayan presentado quejas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros excesivos en sus recibos ya no serán objeto de presiones para que paguen sus adeudos, o de amagos de corte de la luz, afirmó Aleida Alavez, secretaria de la Comisión de Gobierno de la ALDF. Precisó que a eso se comprometieron las autoridades de ese organismo, por lo que estarán atentos a que no se viole ese acuerdo.
La legisladora perredista comentó que según la palabra empeñada por funcionarios de la CFE, todos los afectados por las tarifas elevadas por el servicio de energía eléctrica tendrán un señalamiento específíco en el sistema de cobro de esa empresa federal, por lo que sus brigadas de trabajadores no podrán obligar a la persona a que pague o a que se le corte el servicio.
Dijo que cuando el afectado presente su queja, se buscará atenderla, ya sea visitando su domicilio para verificar su medidor, o comprobando que sí está haciendo un consumo alto de electricidad.
Frena la Corte construcción de hidroeléctricas en Veracruz
XALAPA, Ver. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que fueron tramitados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante los cuales se autorizó la construcción de dos hidroeléctricas en el municipio de Jalacingo.
Gobernación entregará propuesta de solución. El SME fortalece su movimiento de Resistencia.
CFE anuncia aumento de tarifas de luz en 2012...Seguirá promoviendo producción eléctrica con gas natural
El Subsecretario de Gobernación dijo al SME que cualquier arreglo contará con presupuesto para ejecutarlo
Sigue en pie la oferta de la Secretaría de Gobernación de entregar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) una propuesta para la reinserción laboral de más de 16 mil miembros del gremio que se mantienen en la resistencia desde la extinción ilegal de su fuente de empleo. Pero se detuvo debido a la muerte del ex titular del organismo Francisco Blake, tras el desplome del helicóptero que lo transportaba, por lo cual era necesario esperar a que nombraran al nuevo responsable de esa dependencia para reanudar el diálogo, anunció Martín Esparza Flores, secretario general del SME.
Ante más de 14 mil electricistas en resistencia que se reunieron en asamblea general en el Monumento a la Revolución, ciudad de México, desde las 5 de la tarde del pasado jueves 17 de noviembre del 2011, dijo que "hace un momento nos llamó el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez...y me dice espera unas horas porque hoy se va a nombrar al nuevo secretario de Gobernación...y de inmediato vamos a presentarle las propuestas (de solución) y dale la garantía a tu sindicato de que la próxima semana se sientan las bases de la negociación con el convenio firmado el 13 de septiembre del 2011 con el ex titular de la dependencia Blake Mora, que en paz descanse."
Afectivamente, alrededor de las 9 de la noche fue nombrado el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Alejandro Poiré.
El líder electricista agregó que en la última reunión con el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, éste anunció que el gobierno federal tiene preparada una serie de propuestas para resolver de fondo el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas y dijo que cualquier arreglo con el SME contará con el presupuesto para que se pueda resolver".
Informó que aquellos que se mantienen en la resistencia y que están a punto de jubilarse se van a jubilar en términos de la cláusula 64 de su contrato colectivo de trabajo. Y afirmó que los que todavía son trabajadores activos y llevan 2 años luchando por la reapertura de su fuente de empleo van a regresar a hacer lo que siempre han hecho que es construir infraestructura eléctrica y mantener encendida a la ciudad más grande del mundo.
También detalló que el 16 de noviembre del 2011 la directiva del SME se reunió con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard -intermediario en la negociación- quien reiteró su disposición a resolver el conflicto social y productivo derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro y a coadyuvar para acabar con el desempleo de los electricistas.
Esa tarde los electricistas en resistencia por acuerdo de asamblea general desarrollarán actividades para fortalecer su movimiento de resistencia eléctrica hasta lograr su reinserción laboral. Y anunciaron que -lejos de lo que informan algunos medios de difusión oficiales como Notimex, dependiente de la secretaría de Gobernación- los electricistas se mantienen con mayor convicción en su lucha por rescatar a Luz y Fuerza del Centro una paraestatales estratégica para la soberanía nacional.
Martín Esparza comentó que el SME entregó a la Secretaría de Gobernación y al Jefe del Gobierno capitalino, una propuesta para recuperar su fuente de empleo "es una propuesta económica, financiera, operativa, técnica, donde demostramos los pésimos trabajos de las compañías contratistas y cuántos accidentes mortales han reportado desde que se ocupan de las materia de trabajo de los electricistas en resistencia. Demostramos que ya les salió más caro ese sistema (desaparecer a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro) porque han gastado más de mil millones de pesos en la contratación de compañías piratas que evaden el pago de seguridad social a sus trabajadores".
Dijo que en la propuesta se incluye la opción de utilizar la fibra óptica para el desarrollo nacional y serviría más al país que dándola en concesión a empresas privadas. "Demostramos que de todo el parque de generación de 2 mil 172 megawatss que estaban funcionando para el centro del país hasta el 10 de octubre del 2009 -fecha en que se decretó ilegalmente la extinción de Luz y Fuerza- hoy sólo funcionan 60 megawatts.
"Ya quemaron generadores, hay plantas generadoras paradas, la hidroeléctrica de Necaxa y Lerma están perdiendo generación, también las de turbogas...ya demostramos que había presupuesto etiquetado para concluir obras y no se ejerció, hay obras que se quedaron tal y como las dejamos nosotros".
Informó que los cables de luz están amarrados de postes y teléfonos, que las empresas contratistas ponen postes de madera es trabajo de baja calidad, lo cual no ocurría con los electricistas de Luz y Fuerza.
SUBIRÁ EL PRECIO DE LA LUZ ELÉCTRICA
Un día antes de la asamblea general del SME, en el Senado de la República ubicado a tres calles de donde los electricistas realizaban su asamblea general, comparecíó el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-organismo que se hizo cargo de los bienes y funciones de Luz y Fuerza del Centro- Antonio Vicanco, anunció que para el próximo año subirán las tarifas eléctricas en 14 por ciento.
Durante su comparecencia ante los senadores de la comisión de Energía, el pasado miércoles 16 de noviembre del 2011, informó reconoció que en uno de cada 10 usuarios no hay medición del consumo sino que se calcula el cobro según lo que haya pagado el cliente un año antes. Y si el afectado no reclama se siguen estimando los cobros.
Vivanco anunció que CFE seguirá alentando la producción de electricidad con gas natural, porque aseguró que es más barato. Eso a pesar de que el Sindicato Mexicano de Electricistas y diputados federales han demostrado que la producción eléctrica con gas natural se trata de un negocio obscuro que debe investigarse por la Auditoría Superior de la Federación, ya que mediante contratos que benefician a la empresa española, propiedad de Juan Carlos rey de aquel país, porque compra el combustible en Perú a 55 centavos por unidad y lo revende a Comisión Federal de Electricidad a más de 14 dólares por unidad, situación que ha provocado que el precio de la luz al consumidor se dispare.
El funcionario otra mentira, que cuando existía Luz y Fuerza la lectura de los medidores la hacían más de 44 mil trabajadores y que ahora la Comisión Federal de Electricidad lo hace con 12 mil 871 personas. Agregó que no tiene contemplado contratar más porque no cuenta con autorización para ello.
Preparan auditorías externas a CFE y Pemex
Legisladores también prevén revisar ISSSTE y banca de desarrollo
Lunes 21 de noviembre de 2011 | Carina García | El Universal
La Cámara de Diputados tomó medidas preparatorias para el relevo del gobierno en 2012 y su entrega a una nueva administración, al incluir en el presupuesto la obligación de que Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como la banca de desarrollo se sometan a una auditoría externa en los primeros meses del próximo año. Los resultados de estas auditorías, que deberán incluir situación financiera y pasivos laborales y de cualquier índole que comprometan más de un ejercicio fiscal, se entregarán a la Cámara de Diputados cuatro meses antes del fin de sexenio, según lo aprobado por el pleno legislativo.
Esa nueva disposición, no considerada originalmente por el Ejecutivo Federal, tiene previsto que la revisión se haga extensiva al Banco Mexicano del Comercio Exterior (Bancomext), al Banco Nacional de Desarrollo Rural (Banrural) y al Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras).
Dentro del presupuesto 2012 se aprobó además la creación de una partida de 150 millones de pesos para los gastos derivados de la transición de gobierno 2012-2018, erogaciones que sí estableció el mandatario Felipe Calderón en su proyecto original.
En el decreto de presupuesto 2012 se estableció un nuevo artículo 8, en el que se destaca que:
“La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las instituciones de banca de desarrollo, deberán enviar a la Cámara de Diputados a más tardar el 31de mayo, un informe sobre su situación financiera”.
Esa revisión deberá quedar a cargo de un auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública
Los elementos mínimos que deberán ser auditados, estableció la Cámara, serán situación financiera y actuarial de sus reservas, principalmente las destinadas a cubrir pasivos laborales y los “posibles riesgos, contingencias, y pasivos, así como la capacidad financiera para responder a ellos en función de sus ingresos. También deberán revisarse las reservas disponibles y situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.
En tanto, quedó establecida la obligación de los entes auditados, Pemex, CFE, ISSSTE y de la banca de desarrollo, de enviar a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre de 2012, los libros blancos o la memoria documental “sobre las acciones de los programas o proyectos de gobierno que considere necesario resaltar”.
Cobra CFE luz cara pese a gas barato
21 noviembre 2011 | Alejandra López | Agencia Reforma
Distrito Federal— El gas natural ha bajado de precio un 55 por ciento en lo que va del año, pero este hecho, que debería abaratar la generación de electricidad, no se refleja en las tarifas del país.
Al contrario, los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van en aumento, especialmente para los industriales y usuarios domésticos de alto consumo (DAC), quienes este año enfrentan incrementos del 24.5 y 16 por ciento, respectivamente.
El hecho de que la CFE no ajuste la fórmula para fijar tarifas más bajas se debe, según expertos, a que la paraestatal carece de la infraestructura suficiente para llevar gas a todas las centrales de generación eléctrica, por lo que debe recurrir a combustibles más caros.
Así, la Comisión genera electricidad a partir del combustóleo, que al cierre de septiembre registraba un precio de mil 430 pesos por barril, mientras que su equivalencia energética en gas natural cuesta 283.48 pesos, una diferencia de 400 por ciento en costo.
Los efectos para el bolsillo de los mexicanos ante la falta de infraestructura en la CFE se evidencian cuando las tarifas nacionales son comparadas con las de la frontera estadounidense.
En Texas y California, por ejemplo, la tarifa eléctrica ronda los 14 centavos de dólar por kilowatt-hora, según la Agencia de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), mientras que en México éste vale más del doble.
Francisco Santoyo, director de finanzas de la CFE, reconoció que el sistema nacional de gasoductos no es suficiente para sostener la demanda del energético en algunas centrales.
A esto se debe que las plantas eléctricas, al no tener asegurado el suministro, deban recurrir a la compra de combustóleo, que es más caro y, además, contaminante.
Megamarcha por los derechos laborales
Anuncia el SME nuevas movilizaciones contra las violaciones a los derechos laborales
Martín Esparza, líder del SME entregó en Canadá queja ante el Tratado de Libre Comercio de América
La UNT, CROC, CROM y otros sindicatos podría sumarse a la Megamarcha en Defensa del Salario y el Empleo
Por Regina Vargas | Periodista de Frecuencia Laboral
Por el incumplimiento del gobierno federal a las demandas para su reinserción laboral, luego que retiraron su campamento en el zócalo, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia, dieron a conocer que volverán a tomar las calles, por lo que realizarán una mega marcha para el 23 de noviembre del 2011 a las 17 horas del Angel de la Indepencencia hacia el Zócalo.
Por su parte, Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y diputado federal por el PRD, anunció que su organización podría sumarse a esta mega manifestación en defensa de los derechos laborales, pues los gobernantes de todos los partidos políticos -incluyendo a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal perredista- han orientado sus políticas a agredir a los trabajadores.
Ante el pobre aumento salarial del 3% que quieren imponer la Iniciativa Privada para el 2012, porcentaje que representaría 1.80 pesos diarios, el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González, rechazó que nuevamente se otorgue un incremento miserable, y convocó a los sindicatos de la CTM y Congreso del Trabajo, adscritos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a no dejarse someter y emprender una defensa real del salario de los trabajadores y exigir por lo menos una alza del 10% a los salarios mínimos.
De manera inusual, los dirigentes de la COR, CROM, y otros sindicatos están convocando a una manifestación en contra del alza indiscriminada de precios, de los conocidos “gasolinazos”, y por el mísero incremento del 3 por ciento que se pretende otorgar para el 2012, pues afirman que ya estuvo bien de seguir apretando el cinturón de los obreros.
Al respecto el líder telefonista preciso que Isaías González está convocando a efectuar un acto en repudio a los miniaumentos salariales, ante lo cual se prodría realizar una acción conjunta entre todas las organizaciones sindicales, por la defensa de los derechos laborales.
Detalló que un ejemplo de la política anti laboral que se está imponiendo en todos los gobiernos municipales, gubernamentales y federal, de todas las corrientes políticas fue la agresión que sufrieron los empleados de la empresa "Atento Servicio"-propiedad de Carlos Slim dueño de Teléfonos de México- dedicada a las ventas por teléfono, a quienes el pasado lunes 31 de octubre del 2011,con el uso de granaderos del gobierno del Distrito Federal a cargo del PRD y golpeadores de un sindicato de protección (cuyo líder Ramón Gámez está prófugo por el cargo de explotación sexual infantil).
Con el uso de la fuerza les impidieron realizar su recuento para establecer a su sindicato. Todo avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependencia a cargo del gobierno perredista de Marcelo Ebrard.
También los capitanes de vuelo de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), sufrieron golpes, maltratos, cancelación de su libertad y otras agresiones por parte granaderos del Distrito Federal, para desalojarlos a golpes de un plantón frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde exigían la reapertura de Mexicana de Aviación, su fuente de empleo que canceló operaciones irregularmente desde agosto del 2010.
Por lo cual dijo Hernández Juárez que en la próxima reunión de la Unión Nacional de Trabajadores se someterá a votación la participación de este bloque sindical en la megamarcha del 31 de noviembre del 2011.
Martín Esparza Flores informó que el próximo 30 de noviembre en curso, vence la fecha que se fijó para resolver sus peticiones y de no recibir respuesta intensificarán sus acciones de resistencia civil pacífica. En conferencia de prensa, afirmó que el gobierno de Calderón ha mostrado una gran cerrazón en contra del SME, y no ha dado respuesta a su planteamiento en el que piden le sea devuelto su empleo a los 16 mil 599 trabajadores que no se han liquidado.
Sostuvo que ninguno de los puntos que plantearon en su pliego petitorio cuando retiraron su plantón del Zócalo capitalino ha sido resuelto por las autoridades.
El líder sindical resaltó que su movilización del 23 de noviembre del 2011 a las 17 horas, partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo, además, resaltó que harán una asamblea general extraordinaria el día 17, para definir sus nuevas acciones para presionar a las autoridades federales a reabrir su fuente de empleo, Luz y Fuerza del Centro que fue extinguida ilegalmente por el gobierno de Felipe Calderón el 11 de octubre del 2010.
A decir de Esparza tampoco ha habido voluntad política por parte de las autoridades para resolver un conflicto que ya no tiene razón de ser, pues ellos mismos, dijo, les otorgaron la toma de nota hasta el 14 de julio del 2013 con lo cual le reconocen personalidad jurídica y representatividad legal del Mexicano de Electricistas.
En otro tema, Esparza Flores informó que el pasado 27 de octubre entregaron ya la queja formal contra el Gobierno de México ante la Oficina Nacional Administrativa del TLCAN-Canadá por violaciones a los acuerdos de colaboración laboral suscritos por nuestro país en el marco de ese tratado.
Por lo que esa oficina tiene ahora un plazo de 60 días para decidir si acepta la queja para su revisión. Respecto a la visita a Canadá, que realizó entre el 31 de octubre y 04 de noviembre del 2011, argumentó que se acordó una acción internacional en solidaridad con el SME para exigir a Felipe Calderón que resuelva el conflicto y cumpla con los acuerdos firmados el pasado 13 de septiembre del presente año.
Esa misma queja se presentará ante la Oficina Nacional Administrativa del TLCAN-Estados Unidos, con el objetivo de difundir su lucha y obtener el respaldo del movimiento sindical internacional. Y fue presentada ante los representantes de más de 500 organizaciones de 70 países, que integran la Asociación por el Derecho a la Energía, que se reunieron en Compostela, España, el 10 de noviembre del 2011, en donde Martín Esparza denunció el desmantelamiento del sector energético mexicano, la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, el desempleo de más de 44 mil familias y los conflictos provocados por las altas tarifas de Luz.
Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y compañero conductor de Frecuencia Laboral, quien fue nombrado responsable regional para América Latina de la Asociación por el Derecho a la Energía, citó que en la queja ante el TLCAN en Canadá se documentaron violaciones a los acuerdos de colaboración laboral suscritos por el gobierno de México en el marco de ese tratado de Libre Comercio y dicha oficina tiene ahora un plazo de 60 días para decidir si acepta la queja para su revisión.
La CFE: ¿Una empresa de clase mundial?
OPINIÓN | Por Dr. Antonio Reyes | El Semanario
Públicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo descentralizado, con capacidad jurídica y patrimonio propios, se ha reputado, desde hace un buen tiempo, ser una empresa de clase mundial.
Probablemente algún organismo calificador, hoy tan en boga, le otorgó tal distinción. Sin embargo, a la par que ha festinado tal calificativo, aún en su imagen corporativa, están presentes ciertos hechos que abollan tal donaire, tanto de los consumidores de energía, de su operación en sí, como porque sus resultados financieros parecen ser nada halagüeños. Esto, independientemente de los casos de corrupción que han cubierto la prensa nacional e internacional.
Al respecto, el director general de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas (16 de noviembre, Canal del Congreso), sin precisar cuántas de ellas están relacionadas con los reclamos de facturación equivocada. La situación ha obligado, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a que la CFE cree grupos especiales de atención sobre los errores de facturación en los que incurre la empresa, según ha señalado el propio director de la paraestatal.
Al respecto, el director general de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas (16 de noviembre, Canal del Congreso), sin precisar cuántas de ellas están relacionadas con los reclamos de facturación equivocada. La situación ha obligado, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a que la CFE cree grupos especiales de atención sobre los errores de facturación en los que incurre la empresa, según ha señalado el propio director de la paraestatal.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México tenía arriba del 15% de desperdicio de electricidad por transmisión y distribución; encontrándose 5 puntos arriba de Chile y casi 10 por encima de EU. España, Francia y el Reino Unido estaban muy por debajo del nuestro país en el desperdicio de energía, según una muestra de 2009 del Banco Mundial. En tanto el desperdicio de México rondaba 17%, el de EU era del orden de 3%. No creemos, a la fecha, que se haya cambiado sustancialmente tal situación, quedando la duda si en tal nivel de desperdicio se compute el robo de energía.
En el informe presidencial se indica que las "acciones trascendentes (han sido) orientadas a mejorar la competitividad del servicio eléctrico", presentándose inmediatamente la información del aumento de costos unitarios por el concepto de energía Termoeléctrica de 8.7%, en el primer semestre de 2011, muy por arriba de la inflación, y de 94% de incremento del costo de la energía eoeléctrica.
En este contexto, según la Cuenta Pública 2009, la Comisión Reguladora de Energía otorgó de manera desordenada 768 permisos de generación e importación de electricidad. Alrededor del 50% de la capacidad de los permisos otorgados para la generación de energía eléctrica ha sido para productores independientes, situación creciente y en beneficio mayormente de empresas españolas.
La creciente concurrencia de los productores independientes hizo que, de acuerdo al balance del Sistema Eléctrico Nacional, entre 1998 y 2008 la generación del servicio por particulares creció casi 30% promedio anual, en tanto el servicio público nacional creció sólo al 3.3%. Así, el pago hecho a productores por la compra de electricidad pasó de 6 mil 428 millones en 2002 a 70 mil 600 millones ya para 2008, que representó en ese año 30.2% del gasto corriente de la paraestatal. De esta manera, la participación de inversión privada en actividades sustantivas de la industria eléctrica nacional ha obligado a la CFE a establecer compromisos con los productores independientes de energía (PIE) por 14 mil 944 millones de dólares.
En contraste, los márgenes de reserva y de reserva operativo a partir de 2006 se han mantenido relativamente altos. En el primer caso por arriba del 45%, lo que significa que hay una capacidad ociosa frente a la creciente compra de energía eléctrica. Si dejáramos operar realmente el mercado significaría que a mayor oferta deberían resultar menores precios, obviamente en beneficio de los consumidores, especialmente domésticos y de la pequeña y mediana empresa. Pero es posible pensar que el mercado de energía eléctrica es, ahora, un mercado administrado por un quasi monopolio público en beneficio de su burocracia y de generadores privados.
Otra fuente de financiamiento de la CFE, además de sus ingresos propios, ha sido el sistema de Pidiregas (originalmente denominados Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto), que fue un sistema para ocultar deuda y fondear proyectos supuestamente por parte del sector privado. La CFE sigue utilizando este sistema de financiamiento y registro contable, aún cuando ya no se debe seguir difiriendo el registro presupuestal de la deuda y de que el financiamiento al sector privado en toda lógica financiera es más caro que el financiamiento al sector público.
La importancia de los Pidiregas ha llegado al extremo de que constituyen 40% de la deuda total de la CFE. Por ello, la inversión presupuestaria que realiza la Comisión se ve afectada por la llamada amortización de los Pidiregas, que según la estadística oficial es de 14,000 millones de pesos en 2011, cifra que es contradictoria con los 5,000 mdp señalados en el texto del informe presidencial. Los Pidiregas hacen, sorprendentemente, que la inversión fuera de presupuesto sea alrededor del 60% de la llamada inversión impulsada por la CFE.
Literalmente la paraestatal consigna en sus estados financieros auditados que: “Al 31 de diciembre del 2010, los compromisos mínimos de pago por Pidiregas son:” 89,659 mdp. No creemos que este aserto signifique el no saber cuánto se debe, aunque si sorprende que sea una afirmación llena de ambigüedad, que refleja el verdadero estilo gerencial de la empresa y que pone en duda a su gobierno corporativo.
Por otra parte, como reflejo incontrovertible de la situación financiera real de la CFE, desde 2008 el patrimonio de la Comisión ha estado disminuyendo, en tanto el pasivo ha estado aumentando. Esto ha terminado afectando adversamente la relación patrimonio a pasivo. De esta manera, en una misma trayectoria declinante, en 2008 el patrimonio de la CFE era de 416,000 millones y para 2010 era únicamente de 352,000 millones, una pérdida patrimonial de más de 60,000 millones, en tres años. Por lo que la erosión de su patrimonio fue de 20,000 millones promedio anual.
A mayor reiteración, la relación pasivo-patrimonio, que no es más que obligaciones o deudas sobre la propiedad real de la CFE, se demeritó pasando de 0.846 a 1.28, generando crecientes cargas financieras para la Comisión. De esta manera, los resultados del organismo en los años recientes han significado cuantiosas pérdidas: 17,646 millones en 2008; 39,818 millones en 2009 y 37,125 millones en 2010. Estos últimos indicadores no mienten sobre el estado financiero declinante de la empresa, pero no se trata de festinar fracasos, ni mucho menos se deben avivar supuestos éxitos.
Mexico debería tener una visión integral en materia de energía, como el siglo XXI lo demanda y se hace en otros países, pero se sigue teniendo un enfoque parcial y aislado de las dos empresas públicas en la materia. La CFE compra insumos para producir energía y Pemex los desperdicia, como es el caso del combustóleo o de la quema de gas a cielo abierto; ¡qué desperdicio del patrimonio de todos los mexicanos!
Estas empresas deberían operar y ser controladas con el protocolo y reglas de gobernanza de empresas públicas, tal como los organismos internacionales lo sugieren, en lugar de pensar en privatizarlas o socavar su patrimonio.
Mantener una alta capacidad ociosa, hacer compras crecientes a precios mayores, endeudar más a la CFE y ver como se contrae su patrimonio significa una actuación y un resultado que no parecen ser los de una empresa de clase mundial; aunque después de Enron todo se puede esperar de una empresa pública de energía con una frágil gobernanza.
Fuente: El Semanario
Fuente: El Semanario
Promueven juicio internacional contra Calderón
Mayela Sánchez/Ruth Roque | 20 noviembre 2011 | Autor: Trabajo Conjunto | Contralínea
Por primera vez un mandatario mexicano podría ser juzgado ante un tribunal penal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente Felipe Calderón, a sus secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública y a los líderes de los cárteles del narcotráfico como responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado. Especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable
De diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos. Todo, a consecuencia de la “guerra” que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.
Por ello, el próximo 25 de noviembre se presentará una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México.
No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos.
Por un lado, integrantes del Ejército han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas; en muchos casos, las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Por ello es que la propuesta plantea que se enjuicie tanto a Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa (Guillermo Galván Galván), Marina (Francisco Saynez Mendoza) y Seguridad Pública (Genaro García Luna), como a los líderes de los cárteles del narcotráfico, específicamente al líder visible del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado al tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. “Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México”, puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud,
http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta el cierre de esta edición.
http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta el cierre de esta edición.
Calderón, responsable de crímenes
El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación “grave” de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la “operación de control de la información” que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
En su opinión, el “cierre informativo” que las dependencias gubernamentales han hecho en torno a un sólo discurso (que la “guerra” contra el narcotráfico era necesaria), así como el pacto entre los medios de comunicación de no cubrir los hechos relacionados con el narcotráfico muestran que hay una comprensión de las autoridades de lo que pasa en el país pero que se intenta ocultar.
Pero en términos de responsabilidad, apunta el especialista en derecho penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estas conductas deliberadas por contener la información son suficientes para probar que hay conocimiento de parte de Calderón y de los integrantes de su gabinete sobre la situación de violencia.
El ocultamiento intencional de información al que alude Márquez Gómez se reflejaría en la falta de averiguaciones previas de los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, lo que impide saber si en efecto cada una de esas víctimas tenía vínculos con ésta, como asegura el gobierno federal.
El 31 de julio pasado, Contralínea dio a conocer que en los primeros cuatro años y medio de la administración calderonista, cuando los muertos supuestamente a causa de la “guerra” llegaban a alrededor de 40 mil, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto apenas 4.4 por ciento de averiguaciones previas. Actualmente, se estima que el número de asesinados rebasa ya los 50 mil.
Respecto al número de desapariciones forzadas en el contexto de la “guerra” tampoco hay datos precisos. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, entre 2007 y marzo pasado se habrían cometido unos 3 mil crímenes de este tipo, el triple de los ocurridos durante la Guerra Sucia (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Pero la cifra podría ser mayor, como este semanario documentó, en el mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que las quejas por extravío superaban los 5 mil casos. Para los defensores de derechos humanos, las posibilidades de que se tratara de desapariciones forzadas eran altas.
En lo referente al número de torturas y abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas tampoco hay datos oficiales que reflejen la magnitud del problema. Pero un atisbo de ello pueden darlo las 80 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que va del sexenio, así como las siete dirigidas a la Secretaría de Marina, relacionadas con crímenes y abusos cometidos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
Entre éstas se encuentra la recomendación 40/2007. De acuerdo con el expediente, el 1 de junio de 2007, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, elementos del Ejército, dos de ellos alcoholizados y posiblemente bajo los efectos de alguna droga, abrieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino.
A bordo viajaban dos mujeres y un hombre de entre 20 y 29 años, además de cinco menores de edad. Griselda Galaviz Barraza, de 27 años, y Grisel Adanay Esparza Galaviz, de tres años, murieron al instante.
Cuatro testigos del crimen intentaron trasladar a los heridos a Culiacán, pero en el camino fallecieron Gloria Alicia Esparza Parra, de 20 años, y los hermanos Juana Diosnirely y Eduin Yoniel Esparza Galaviz, de uno y seis años, respectivamente.
Por si fuera poco, las personas que llevaban a los heridos fueron interceptadas y detenidas por militares en la comunidad de Badiraguato. El argumento: que transportaban cadáveres.
El pasado 3 de noviembre, la Defensa Nacional informó que a finales de octubre había condenado a prisión a dos oficiales y una docena de elementos de tropa por esos homicidios. Los oficiales además fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años.
De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, los jefes militares son penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados, ya sea porque no los sancionan incluso si sabían del cometido de esos agravios o porque no actúan para evitar que se realicen ni someten a los criminales a una investigación y juicio.
José Antonio Guevara Bermúdez, doctor en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y excoordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional, considera que este fundamento demuestra la responsabilidad de Calderón.
A decir de Guevara Bermúdez, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón, está obligado a responder por los crímenes que soldados y marinos han cometido desde que él mismo autorizó su intervención para supuestamente combatir a los cárteles del narcotráfico. “Es responsable porque no ha mandado señales claras ni ha ordenado que se investigue, procese y castigue a los responsables de haber cometido los abusos”, señala el actual secretario de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Y añade que la única forma en que se podría argumentarse que no es necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional sería demostrarlo con sentencias. La opinión del abogado toma sentido ante la reciente condena de los 14 militares: tanto el fallo como su difusión se han dado a menos de un mes de que la solicitud de investigación del caso mexicano sea llevada ante la CPI.
¿Crímenes o política de Estado?
El abogado Sandoval Ballesteros explica que los crímenes de guerra pueden acreditarse inclusive cuando no exista una declaración formal de la ofensiva, siempre que haya un enfrentamiento armado permanente entre dos bandos.
En el caso de México, se trataría de un conflicto armado de carácter no internacional, previsto en el derecho internacional como aquél que se da de forma permanente y con gran intensidad entre las Fuerzas Armadas del Estado y las de grupos disidentes o armados organizados.
Pero para el profesor W?adys?aw Czapli?ski, candidato a juez de la Corte Penal Internacional, en este caso el conflicto tiene una naturaleza distinta, pues el Estado tiene que mantener la seguridad interna.
Entrevistado tras dictar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el académico polaco considera que “es obligación del gobierno cuidar la calma y la normalidad de la vida de los ciudadanos de este país. El narcotráfico está destruyendo esta situación y creo que cualquier Estado con actividades de este tipo intervendría con todo el poder”.
Pero acorde con esta idea, Czapli?ski reconoce que el Estado sí tendría una responsabilidad por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.
El líder de los panistas en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, justifica la actuación de Calderón al afirmar que ha sido “conforme a la ley; ha actuado en defensa de todos los mexicanos”.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, considera que la petición propuesta por Sandoval Ballesteros es “improcedente”, pues, como jefe de Estado, Calderón tiene la obligación de “procurar la tranquilidad, la seguridad pública y nacional del país”.
Por el contrario, para el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, la propuesta contiene elementos “muy serios y sólidos”. En su opinión, es una “decisión correcta” el acudir ante una instancia internacional ante el nulo interés del gobierno federal por dar una respuesta a esta situación de violencia generalizada.
Sin dar su valoración sobre la propuesta de acusar a Calderón ante la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno federal como “equivocada y carente de una visión integral de seguridad”.
Contralínea buscó conocer la postura del gobierno federal a través de las oficinas de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dirección general de medios nacionales de la Presidencia, a cargo de Alejandro Caso Niebla, arguyó que Relaciones Exteriores era la instancia encargada de contestar y que la dependencia ya había dado una respuesta pública.
En efecto, el 11 de octubre pasado, la dependencia a cargo de Patricia Espinosa Cantellano emitió un comunicado en el que, a nombre del gobierno federal, “rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”.
Además de señalar que las acciones del gobierno son desplegadas “con pleno apego al estado de derecho”, la respuesta de la SRE enfatiza que el compromiso del gobierno para proteger los derechos humanos “es indeclinable”.
Mas el comunicado no habla nunca de un rechazo inexcusable del Ejecutivo federal a las violaciones cometidas por el Ejército, observa Guevara Bermúdez.
Por el contrario, la dependencia asegura que “la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”.
Y en otro de sus puntos agrega que “de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
Al respecto, el exacadémico de la Universidad Iberoamericana puntualiza que lo que la petición pone en duda no es la obligación del Estado de combatir el crimen organizado, sino “que los medios que se eligieron están generando abusos y éstos no se están investigando”.
Estado mexicano “no quiere ni puede”
Uno de los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar su rechazo a la petición de investigación de la CPI es su jurisdicción. De acuerdo con este principio, se justifica la injerencia de la Corte cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
“Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso”, asegura la dependencia federal. Mas Sandoval Ballesteros advierte que en el marco jurídico mexicano no hay un tipo penal que prevea los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que la posibilidad de juzgar tales delitos es en un tribunal internacional.
A la imposibilidad jurídica, el doctor Guevara Bermúdez agrega la falta de voluntad para investigar los crímenes cometidos por autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a los agravios del crimen organizado, considera que el Estado no tiene la capacidad para investigarlos y juzgarlos.
El 23 de mayo de 2010, Contralínea documentó que entre diciembre de 2006 y febrero del año pasado sólo se habían dictado 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada. La cifra contrasta con las más de 120 mil personas que para abril de 2010 el gobierno federal reportaba como detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para entonces, cuando las víctimas mortales de la “guerra” rebasaban las 22 mil, la PGR reconoció (a través de diversas solicitudes de información pública) que sólo 1 mil 359 de los detenidos hasta entonces tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Así, la falta de resultados en el ámbito judicial no cambia con la sola sentencia de los 14 militares, hecha pública el mismo día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se encontraba en el país para dictar una conferencia magistral ante jueces mexicanos.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de llevar a juicio a Calderón Hinojosa, el fiscal sólo dijo que “cualquiera tiene derecho a acusar”. Sin embargo, resaltó que para que la Corte atraiga el caso debe demostrarse que una autoridad “ordenó directamente el ataque masivo o sistemático contra la población civil, y que para ello se haya conformado un grupo de mercenarios”.
Sin hacer una referencia específica a México, Moreno Ocampo resaltó que su deber es no intervenir en países donde las instituciones de gobierno y los sistemas de justicia actúan para perseguir y sancionar a los criminales. Al tiempo, recalcó que la Corte es muy cuidadosa al aceptar una investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad, para evitar que el tribunal penal sea usado con fines políticos.
El abogado Sandoval Ballesteros destaca la responsabilidad de Calderón respecto de los crímenes que se han cometido, pues si bien no los ordenó, tampoco ha ordenado sanciones para los responsables.
“No estamos buscando venganza ni linchamientos. Estamos buscando que un organismo internacional, imparcial e independiente, defina y ubique cuáles son las responsabilidades penales que todas estas muertes y violaciones a derechos humanos ameritan.”
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