OPN - Manifiesto a la nación

La reforma laboral se desmorona, clamor en megamarcha de trabajadores

Miles recorren del Ángel al Zócalo para oponerse a la iniciativa impulsada por el PRI Patricia Muñoz Ríos Viernes 8 de abril de 2011, p. 7
Al manifestarse en contra de la reforma laboral impulsada por el PRI, integrantes de varias organizaciones gremiales coincidieron en que esta iniciativa se está desmoronando e incluso al interior del tricolor hay posiciones encontradas entre sus legisladores, a quienes “se les descompuso el escenario que habían armado para aprobarla fast track” y sólo un grupo insiste en sacarla adelante, mientras otros evalúan el enorme costo político que tendría este golpe a los trabajadores en los próximos procesos electorales.
En el contexto de la marcha y posterior concentración en el Zócalo que realizaron para protestar por la reforma laboral impulsada por PRI y PAN, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó que esta iniciativa se está resquebrajando y ya se ve cuesta arriba que pueda ser aprobada, no sólo en este periodo de sesiones, sino incluso en el sexenio.
En tanto, el Frente Sindical Mexicano (FSM), que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Azael Santiago Chepi y Salvador Cázares, informaron que están dispuestos a incrementar las movilizaciones no sólo en contra de la reforma, sino en demanda de soluciones a sus gremios.
Ni a los diputados les gusta
Desde temprana hora de ayer, diversos sindicatos independientes se concentraron en el Ángel de la Independencia para marchar por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo, donde entre las mantas del plantón del SME y frente al Palacio Nacional, confluyeron telefonistas, trabajadores de la UNAM, electricistas en resistencia, tranviarios, integrantes de organizaciones como el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp), trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Técnicos y Profesionistas Petroleros, pilotos y sobrecargos, administrativos y maestros de Chapingo, y muchos otros. Todos con la consigna de rechazar la reforma laboral.
El diputado y dirigente del Sindicato de Telefonistas y de la UNT, Francisco Hérnandez Juárez, señaló que al PRI se le está cuarteando la unidad en lo que se refiere a esta reforma; entre los mismos diputados del tricolor hay menos simpatía por esta iniciativa que les está generando problemas; entre organizaciones sociales, sindicales y campesinas que pertenecen a ese partido hay descontento, como lo manifestaron diputados de la Confederación Nacional Campesina, quienes declararon que no van a apoyar una reforma si no hay consenso de los trabajadores. Han perdido el debate en la prensa nacional. Nadie habla bien de esta iniciativa, salvo Javier Lozano (secretario del Trabajo).
Martín Esparza, líder del SME, tomó también la palabra en este escenario para señalar que Lozano Alarcón ya pasó a la historia como el secretario del Trabajo enemigo de los trabajadores. Demandó unidad contra esta reforma, y también alrededor de los movimientos electricistas y de mineros, e informó que debido a la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación a su demanda central de empleo para los 16 mil electricistas que no se han liquidado, intensificarán las movilizaciones a partir del próximo lunes en toda la zona de atención que tenía Luz y Fuerza del Centro.
En la explanada, mientras sucedían los discursos, los integrantes paseaban una enorme rata de cartón con la cara de Elba Esther Gordillo.
El líder minero Napoleón Gómez Urrutia envió un mensaje desde Vancouver, en el que advirtió que el PRI, para regresar a la Presidencia de la República en 2012, está haciendo un tributo a los grandes empresarios, acabando con los derechos laborales con esta reforma.
Lozano, promotor de la esclavitud
Antes, el secretario general del sindicato de pilotos, Fernando Perfecto, sostuvo que los trabajadores de Mexicana de Aviación no olvidan que están en la calle, sin empleo, por culpa del empresario Gastón Azcárraga. A su vez, el secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez, dio a conocer que se impulsará una consulta en varios estados sobre las reformas que en materia laboral han planteado el PRI y el PAN.
Está claramente demostrado que pretenden modificar y reformar la Ley Federal del Trabajo para impulsar la esclavitud a los asalariados, y aunque le duela a Javier Lozano, él está promoviendo la esclavitud de los trabajadores. Y eso, no pasará.
En el mitin también participaron integrantes del Partido Comunista de México, trabajadores del Situam, del Sindicato Único de la Industria Nuclear y decenas de gremios sociales y sindicales.

SME Martin Esparza informe en el Zocalo capitalino 7 Abril 11

SME: El ataque a un simbolo de la resistencia

 
Video realizado por la Agencia de Noticias FeTERA (Argentina)

Publicado por Adocampo

Contratista de CFE muere victima de una descarga

Debido a la falta de pericia para operar las redes de distribucíon de Luz y Fuerza del Centro, otro contratista mas, fallece por una descarga eléctrica.
No es casualidad que en los últimos 17 meses muchas decenas de trabajadores han dejando la vida en las instalaciones eléctricas, desde líneas de transmision, subestaciones, líneas de distribución y cables subterraneos.
Los mismo ingenieros han fallecido debido a su falta de capacidad para operar este equipo, tal es el caso de los ingenieros que trajeron directamente de Acapulco para morir minutos despues en Subestación Coyoacan.



Descenso del cuerpo del contratista


Publicado por Adocampo

Un miope el secretario del Trabajo: Levet Gorozpe 4 abril 2011

Más miope es el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al no entender que la Reforma Laboral planteada afecta a los trabajadores que carecen de salarios dignos y prestaciones a las que por ley tienen derecho y aún así son excluidos, sostuvo el líder de la Fesapauv y Diputado Local, Enrique Levet Gorozpe
Ixtaczoquitlán - 2011-04-04 
Noé Carrillo Molina
AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
Estamos haciendo un análisis muy puntual de la Reforma Laboral, revisando las protestas que de manera popular los partidos han enviado a la Cámara de Diputados para dar seguimiento al mismo.
“Ya la leímos, no somos miopes como dice el secretario del trabajo, Javier Lozano, todos la conocemos y sabemos en qué nos afecta y como trastoca los derechos laborales y las conquistas logradas con sangre y lágrimas como nuestros compañeros obreros de Río Blanco”, asentó.

Los gastos pendejos del PRIAN y Comparsas

Vean ustedes mismos los gastos excesivos que tiene en su haber el porro de Calderón... el Cínico de Javier Lozasno:

Claman paz con marcha 7 Abril 2011

Veracrúz: Muere empleado de CFE tras sufrir descarga eléctrica, en Medellín

Reparaba una línea de un poste, a un costado de la planta avícola Bachoco, pues se había quedado sin corriente
Iván García
Veracruz, Ver. 07/04/2011
En la colonia El Pedregal, en el municipio de Medellín de Bravo, ocurrió un accidente a un empleado de CFE, al estar reparando una línea de un poste, a un costado de la planta avícola Bachoco, en la carretera federal Paso del Toro-Santa Fe. El hombre recibió una descarga eléctrica falleciendo al instante colgado en el poste. Los hechos ocurrieron a la orilla de la planta, a un costado de la barda de Bachoco, en Paso Del Toro, frente al número 142 de la calle Diamante 142 de la colonia Pedregal, donde estaban empleados de la CFE por una falla eléctrica en la empresa.
Al sitio llegó personal del AVI de Veracruz, Peritos y autoridades judiciales. EL muerto fue identificado como Héctor Hugo Cortes Duarte.
Al lugar llegó Agustín Rafael Ordaz Reyes de 44 años de edad, con domicilio en la colonia Flores Magón y Héctor Hugo Cortes Duarte de 24 años de edad, con domicilio en la colonia Luis Echeverría, quienes comenzaron a trabajar en la falla, sin embargo el segundo de ellos recibió una mortal descarga eléctrica de alto voltaje.
Hasta ese lugar arribó personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones por el reporte de una persona sin vida. También arribaron los policías municipales de Medellín de Bravo, Servicios Periciales y de la agencia del MP De Medellín de Bravo.
Agustín Rafael Ordaz Reyes explicó que recibió el sistema central de la C.F.E., que había una falla eléctrica en la empresa Bachoco, y estando ahí, y revisar en el poste, no había corriente.
Entonces se subió Héctor Hugo Cortes Duarte, mientras que Agustín Rafael Ordaz se quedó abajo y cuando se agachó a recoger los fusibles, que había tirado Héctor Hugo Cortes, escuchó un zumbido, como el que produce la electricidad cuando hace corto, e inmediatamente miró a su compañero, viéndolo que estaba colgando del cinturón de seguridad que utilizan para prevenir accidentes.
Agustín Rafael Ordaz subió las escaleras, para prestarle auxilio, pero al hablarle por su nombre, Héctor Hugo Cortes no respondió, por lo que decidió bajarlo del poste y ya en el piso vio que no tenía signos vitales. Por estos hechos se dio entrada a la investigación ministerial.

Entrevista Martín Esparza en Plaza Pública de Radio UNAM 7 Abril 2011

Marcha en contra de la reforma laboral en la Cd. de México

Martín Esparza en el mitin contra la reforma laboral

¡Calderon, presidente del dolor!

7 Abril 2011  Blog SME1914
México D.F., SME.- Los “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón suman más de 44 mil vidas de inocentes, todos víctimas de la incapacidad del Gobierno Federal para llevar las riendas políticas, económicas y sociales del Estado mexicano. El ejército se mantiene en las calles y no para salvaguardar la seguridad de los mexicanos sino para exterminar, según el discurso oficial, al crimen organizado aunque esto implique las muertes de quienes intentan sobrevivir no a las balas de los narcotraficantes sino a las políticas económicas del Ejecutivo.
El dolor de quienes sobreviven se expresó en la Marcha Nacional Por la Paz que tuvo como principal consigna  ¡ni un muerto más!.
La frase anterior debe puntualizarse los ¡ni un muerto más! pero no solo por el narcotráfico o el crimen organizado sino por el régimen fascista de Calderón quien ha dejado dolor en todos los niveles sociales, muestra de ello es nuestra organización la cual ha padecido el salvaje ataque y la violación a nuestros derechos civiles, laborales, políticos y económicos.
Es por esto que la protesta no debe servir como un mero enunciado unilateral, por el contrario debe establecer puentes en las diferentes luchas que tienen un enemigo común: El Presidente del Dolor!!!


Tomado de Blog SME 1914

Mueren electrocutados 2 trabajadores de la CFE

Los dos empleados, identificados como Enrique Landón Blancas y Miguel Ángel Servín Pérez, arreglaban un transformador en Texcoco TEXCOCO, Méx
Jueves 07 de abril de 2011
Emilio Fernández Román

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) murieron electrocutados en la comunidad de la Purificación, informó la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). Uno de los cuerpos fue encontrado en la calle Ayahualco, el segundo de los cadáveres fue localizado en la avenida Tepetitla y Tlocomitl, en el mismo barrio de la Purificación.  Los dos cuerpos quedaron separados 70 metros el uno del otro. Al lugar acudió el agente del Ministerio Público Gerardo Hugo Ruiz Robles quien ordenó el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco. Por los hechos se inició la carpeta de investigación 322180550061011 por el delito de homicidio.

De acuerdo con la dependencia, los dos empleados que fueron identificados como Enrique Landón Blancas y Miguel Ángel Servín Pérez arreglaban un transformador, por lo que cambiaban las cuchillas y se registró una descarga eléctrica.

Fuente: El Universal

Marcha en contra de la reforma laboral en la Cd. de México

Usuarios vs CFE en Cuernavaca


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Creará esclavos modernos la iniciativa de reforma laboral del PRIAN: expertos

Abucheos en foro de San Lázaro a defensores del proyecto
Patricia Muñoz Ríos Jueves 7 de abril de 2011, p. 21
El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Tereso Medina, quien es uno de los principales impulsores de la iniciativa de reforma laboral priísta, y el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, salieron entre abucheos del Salón Verde de San Lázaro, tras su participación en un foro de análisis donde los dirigentes habían sostenido que el proyecto del PRI generará trabajo decente en el país.
En este foro legislativo, académicos, abogados, estudiosos del sector laboral, líderes sindicales y diversas voces calificadas en el tema argumentaron que la iniciativa de PRI y PAN creará en México los esclavos posmodernos, es inmoral para los trabajadores, consolida el submundo laboral y no generará más empleos.
Especialistas como Patricia Kurczyn, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Héctor Barba, abogado laboralista; Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidas Xochimilco; Marta Lamas, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Enrique de la Garza, investigador de la UAM-Iztapalapa, y Alberto Montoya, de la Universidad Iberoamericana, desme- nuzaron el articulado de la iniciativa. Coincidieron en que es una trampa para los trabajadores, que legaliza el empleo indecente y es anticonstitucional.
Sólo Tereso Medina e Isaías González defendieron el proyecto de reforma, porque no se presentó el diputado panista Francisco Salazar Sáenz. Los priístas hasta señalaron que la iniciativa de su partido es muy diferente a la del blanquiazul y que fue consultada con académicos y sindicalistas, lo que provocó que varios de los dirigentes presentes le gritaran: ¡no mientan! Los gritos empezaron a extenderse cuando apresuradamente dejaron el salón bajo otras consignas que coreaban los asistentes: ¡rechazo total a la reforma laboral! y ¡abajo el PRI, muera el PRI!
Antes, Hernández Juárez había advertido que todavía está presente la posibilidad de que el PRI y el PAN quieran aplicar la aplanadora para imponer la reforma. Destacó que existe la posibilidad de que los dos partidos no busquen el consenso, sino que pacten y tengan listo un predictamen, el cual estaría listo antes de Semana Santa, y que luego de este periodo buscarían su aprobación aprovechando que hacen mayoría, aunque para ello tendrían que meter velocidad y hay dudas de que pueda salir a tiempo en San Lázaro, dijo.
El foro fue inaugurado por el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, quien marcó que la iniciativa es la puntilla del gobierno a los derechos laborales. En tanto, la investigadora Graciela Bensusán indicó que la iniciativa presenta varias trampas, como señalar que procurará empleo decente, cuando justamente se plantea un esquema de “trabajos indecentes.
Patricia Kurczyun señaló que ésta no es una reforma, sino “parches a la Ley Federal del Trabajo, y mal hechos, donde no se entra a cambios fundamentales en temas como el empleo infantil o la discriminación laboral. En tanto, Héctor Barba más bien habló de las propuestas que faltan a la reforma, como semana de 40 horas, licencia maternal de 16 semanas y seguro de desempleo. Alberto Montoya, de la Universidad Iberoamericana, expuso que la propuesta de reforma no tiene fundamento económico, jurídico ni de justicia.

Paco Ignacio Taibo II apoya al SME 6 Abril de 2011


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Las muertes electricistas provocadas por Calderón

José Antonio Almazán González La guerra de exterminio que Felipe Calderón desato en contra del SME al decretar la inconstitucional e ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro se inició con el despido ilegal e injustificado de más de 44 mil trabajadores electricistas, hombres y mujeres, a quienes les robo su empleo, y les destruyo sueños, planes y proyectos de vida, ilusiones, modos de vida, generando esa secuela de males, padecimientos y enfermedades que la Teoría Social asocia con el desempleo. Sobre todo cuando la pérdida del empleo fue generada, no por la “mano invisible” de las leyes del mercado laboral capitalista, sino por la acción brutal, perversa, calculada y despiadada de un gobierno dispuesto a todo para garantizar la privatización de la industria eléctrica y de la fibra óptica y convertirla en el gran negocio multimillonario para unas cuantas empresas monopólicas propiedad de la oligarquía mexicana y de otras tantas trasnacionales energéticas. Para fingir una sensibilidad humana de la cual carece, Calderón ha dicho que fue una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar en este infierno al que llama gobierno. Sin embargo una vez puestas al descubierto y desenmascaradas sus mentiras tanto en el terreno jurídico, laboral, productivo, operativo, financiero, económico, moral y ético -- por diversas fuentes entre las que destacan las noticias filtradas en los medios de comunicación y las investigaciones de la Cámara de Diputados --, solo queda la acción criminal de un gobierno en contra de un sindicato democrático y nacionalista cuya historia está asociada a las mejores causas populares y obreras en nuestro país. Como resultado de ese golpe fascista en contra del SME, a lo largo de estos casi 18 meses, de octubre de 2009 al 5 de abril de 2011, han muerto 635 trabajadores y jubilados electricistas en resistencia. Para ser más precisos han muerto 600 jubilados y 35 trabajadores electricistas en resistencia, (de los cuales dos se suicidaron) como consecuencia del hecho atroz e inhumano de haber visto cancelados sus sueños y esperanzas de vida. Unos por problemas cardiovasculares, otros por males hepáticos, diabéticos, trombosis, etc., etc., pero todos ellos por enfermedades que se agravaron con el stress, la inestabilidad emocional, la depresión, la angustia, generadas por la canallesca decisión de un mal gobierno que nos arrebató nuestros trabajos y nos sometió a una calculada campaña mediática de descalificación y satanización acusándonos de corruptos y privilegiados, ocasionándonos un irreparable daño moral. La morbilidad y mortalidad asociada al desempleo no solo la analizan autores clásicos como Emilio Durkheim (El Suicidio), Federico Engels (La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1844), Carlos Marx y otros, sino recientes estudios de instituciones como la Organización Mundial de la Salud que por supuesto no puede ser descalificada acusándola de izquierdista. Estas muertes, que no incluyen la de familiares directos: hijos, padres, abuelos, abuelas, que sufrieron en carne propia la desgracia de quedar desempleados y la mutilación de proyectos de vida, pesaran para siempre en la conciencia, si es que la tienen, de este gobierno de derecha y sus principales personeros. A estos Homicidios habría que sumarle las cifras de los que se “liquidaron” con la promesa incumplida de “primero liquídate y luego veré si te recontrato” y las decenas de muertos y mutilados de las empresas contratistas de CFE que no figuran en las estadísticas del IMSS. Algunos plumíferos y guacamayas al servicio del mal gobierno y la oligarquía dirán, para intentar limpiar de culpa al gobierno fascista de Calderón, que ya estaban enfermos y que murieron por eso. Pero los datos del SME y sus obituarios son contundentes. Nunca antes, ni en 2007 ni en 2008 habían muerto tantos compañeros y compañeras electricistas por estos tipos de padecimientos que además están asociados a los riesgos y enfermedades de trabajo propios de la industria eléctrica a nivel mundial.( Ver al respecto las investigaciones del Dr. Jorge Fernández Osorio) Las 635 muertes de hombres y mujeres electricistas, activos y jubilados en resistencia, provocadas por la infame decisión de Calderón, se integran a la horrenda lista de más de 35 mil muertos y 5,397 desaparecidos, provocados por la guerra del mal gobierno en contra del Pueblo de México, so pretexto de enfrentar al narcotráfico y la delincuencia organizada. Por ellos, para honrar la memoria de nuestros muertos, decimos fuerte y a todo México: ¡No nos vamos a rendir!, ¡No nos vamos a liquidar!, ¡Vamos a resistir hasta el final!, ¡La razón nos asiste!, ¡Vamos a ganar!,¡Estamos hasta la madre!, ¡El SME se queda! ¡Calderón se va!: solo falta 1 año y 91 días para que el espurio se vaya y la pesadilla termine.

"Estamos Hasta La Madre"

Senado: caro e improductivo

6 Abril 2011 / Contralinea
La Cámara de Senadores mantiene más de la mitad de su trabajo legislativo en la congeladora. No obstante, este 2011 los 128 legisladores que la integran se embolsarán 360 millones como sueldos y prestaciones, además de las prebendas que reciben para realizar su labor parlamentaria.
Sin transparencia, el uso de los recursos públicos y el desempeño de 23 comisiones. La ASF advirtió esta situación desde 2008 y ahora revela irregularidades en la construcción de la nueva sede del Senado. Este año, cada uno de los 128 senadores costará al erario 2 millones 810 mil pesos, de acuerdo con el Manual de percepciones de los senadores y servidores públicos de mando, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero pasado.
De ese monto, la mayor parte corresponde a la “percepción bruta” que cada legislador recibe por 2 millones 57 mil pesos y que contempla una “dieta mensual” de 127 mil 200 pesos. Adicionalmente, a cada senador se le otorgarán 233 mil 590 pesos como “gratificación de fin de año”.
Con dinero público también se pagarán los seguros de vida de los 128 senadores, cuyo costo individual es de 455 mil pesos, así como las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por 21 mil 470 pesos, y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro, por 10 mil 770 pesos cada uno.
También están contempladas una partida de “ahorro solidario” por 14 mil pesos y otra denominada “cesantía en edad avanzada”, que ampara el pago de 6 mil 840 pesos para cada legislador.
Los senadores igualmente reciben apoyos para traslado, asistencia legislativa y atención ciudadana, y cuentan con servicios médicos para ellos, sus cónyuges, hijos menores de 25 años y padres dependientes económicos.
Además, durante 2010 se destinaron 2 millones 19 mil 200 pesos al pago de vales de gasolina y 22 millones 953 mil pesos para vales de despensa; mientras que en insumos para alimentación se gastaron 5 millones 349 mil 840 pesos y otros 2 millones 532 mil 500 pesos fueron para sufragar la compra de café, de acuerdo con los informes sobre contrataciones de la Cámara.
Si se tomara como referencia el cálculo del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, para quien 6 mil pesos son suficientes para que una familia subsista, cada senador estaría recibiendo 468 veces esa cantidad, tan sólo como sueldos y prestaciones.

Rezago legislativo

A pesar del elevado costo que representa para el erario, el Senado de la República tiene un rezago en el 55 por ciento de los asuntos que se han presentado en la actual Legislatura. Del trabajo legislativo que los senadores mantienen en la congeladora, las iniciativas son las que mayor dilación muestran: de las 889 que fueron propuestas hasta el 22 de marzo pasado, sólo se habían aprobado 18.
Si se consideran las iniciativas que los senadores llevaron al Pleno en la anterior legislatura, el rezago llega a 60 por ciento. Ello, porque de las 2 mil 327 iniciativas presentadas, 1 mil 401 siguen sin dictaminar.
Algunas de ellas, como la que propuso incorporar en la Constitución la obligación del Estado de otorgar una pensión alimentaria a las personas mayores de 70 años, se han mantenido en la congeladora desde principios de la anterior Legislatura, es decir, cuando los actuales senadores recién iniciaban su estadía de seis años en la llamada cámara baja.
No obstante este retraso en su trabajo, los senadores han recibido como presupuesto, sólo para 2011, 3 mil 585 millones de pesos. De ese monto, 360 millones de pesos irán a parar a los bolsillos de los 128 legisladores como sueldos y prestaciones.
De acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la SHCP, los capítulos en donde el Senado reporta mayores gastos son los de “servicios personales”, que incluye el pago de sueldos a los legisladores y personal de la Cámara de Senadores, y “servicios generales”, que contemplan las asignaciones a grupos parlamentarios y comisiones legislativas.
Aunque en la actual Legislatura el número de comisiones llega a 80, éstas únicamente han presentado 14 iniciativas, de las cuales cinco continúan pendientes de dictamen, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
Respecto de las proposiciones con punto de acuerdo –que concentran la mayor parte del trabajo legislativo–, de las comisiones han provenido sólo 34 de las 2 mil 886 que se han presentado en las dos últimas legislaturas.
De ese total de proposiciones llevadas al Pleno de la Cámara de Senadores, el 40 por ciento aún no se resuelve.
El Reglamento del Senado estipula un plazo de 30 días para dictaminar las iniciativas y proyectos, con posibilidad de prorrogarse hasta por 15 días.
De acuerdo con los informes sobre vencimientos de plazo, prórrogas y excitativas presentados, entre octubre de 2010 y febrero pasado se solicitaron 470 ampliaciones de plazo.
Cuando el Reglamento entró en vigor –apenas en junio de 2010, con un retraso de 16 meses en su elaboración–, había un rezago de 1 mil 191 iniciativas, de las que aún persisten 1 mil 10 en espera de resolución.

Opacidad, la marca del Senado

Aun cuando recibe un presupuesto que equivale a tres veces lo que el gobierno federal destina al Programa Nacional de Becas y Financiamiento, e incluso está por encima de lo que recibe la Secretaría de la Función Pública, la Cámara de Senadores no difunde el destino de los recursos públicos que se le entregan.
En el artículo 296 de su Reglamento, el Senado establece que la información que la ley obliga a difundir, así como la considerada “socialmente útil”, está disponible a través de medios electrónicos remotos o locales.
Sin embargo, la información que actualmente se publica en la página de internet de la Cámara de Senadores es escueta, pues si bien figuran datos sobre el presupuesto autorizado y ejercido del último mes, éstos no se desglosan, con lo que no se puede saber en qué se ha gastado dicho monto. Además, no se difunde información presupuestal de años anteriores.
El especialista en temas legislativos, Khemvirg Puente Martínez, señala que es común que en el Poder Legislativo existan muchas áreas de opacidad, dado que constitucionalmente está diseñado como un contrapoder que fiscaliza a los otros poderes, pero no a sí mismo.
Aunque reconoce que el trabajo legislativo ha tenido avances en materia de rendición de cuentas (pues se pueden conocer los asuntos que están en discusión en la Cámara de Senadores), sigue existiendo opacidad en el uso de los recursos públicos y en el trabajo de las comisiones legislativas.
“El trabajo en comisiones sigue siendo un mito, no porque no trabajen, sino porque no sabemos. Podemos tener la sospecha, pero no la certeza de que sí lo hacen”, expresa Puente Martínez en alusión a que varias de las comisiones no difunden las actas de sus sesiones o no publican sus informes de trabajo.
Actualmente, de las 80 comisiones que existen –59 ordinarias y 21 especiales–, 23 no cuentan con un micrositio en internet donde difundan el trabajo que realizan. En otros casos, como las comisiones de Turismo, Vivienda y Salud, los informes de trabajo que resguardan en sus páginas electrónicas corresponden a la Legislatura pasada.
Puente Martínez, maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull, Inglaterra, advierte que otra área de opacidad es el manejo de los fondos públicos.
“No quiero decir que los recursos se estén usando mal [sino] que no lo sabemos […] Yo no puedo tener elementos para evaluar el desempeño de los representantes si no cuento con información suficiente”, puntualiza.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace diversas observaciones en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.
Particularmente, señala que el Senado no comprobó que los recursos de la partida 3827, que corresponde a las asignaciones a grupos parlamentarios, se hubieran utilizado en actividades legislativas, “además de que no se establecen claramente cuáles son los conceptos que pueden ser pagados con dichos recursos, lo que genera opacidad en [su] ejercicio”.
Dicha partida contempla gastos de consultoría, estudios jurídicos, económicos, políticos, sociales y parlamentarios, así como sueldos y prestaciones del personal de cada fracción parlamentaria, gastos operativos y de comunicación social, viajes, foros y reuniones, de los seis grupos parlamentarios presentes en el Senado.
Además, la ASF señala que dicha situación ya había sido observada en la revisión de la Cuenta Pública 2006, efectuada en 2008, en la que se recomendó transparentar el ejercicio de los recursos entregados mediante esa partida.
En respuesta, la Comisión de Administración del Senado, en su sesión del 25 de noviembre de 2008, acordó solicitar a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias que en el proyecto de reglamento se incluyera una disposición para que los grupos parlamentarios difundieran semestralmente, a través de su página electrónica, un informe sobre el uso y destino del dinero que reciben.
Actualmente, en el portal electrónico del Senado sólo figura información sobre el monto asignado a los grupos parlamentarios en 2010, que fue de 33 millones 390 mil pesos mensuales, pero no se especifica su uso ni destino. También aparecen las asignaciones a comisiones legislativas, que el año pasado recibieron, en conjunto, 14 millones 375 mil pesos cada mes.
Cuestionado respecto del incumplimiento de las observaciones de la ASF, el presidente actual de la Comisión de Administración, Fernando Castro Trenti, dice que dichas observaciones ya se han solventado.
“Lo que nos ha informado la Secretaría de Administración es que se ha ido cumpliendo con estos objetivos. En la reunión próxima que voy a tener con la Comisión de Administración, voy a solicitar que haya un informe específico en el tema”, expresa el legislador priista.
A decir del investigador Puente Martínez, la transparencia “le incomoda al Poder Legislativo y a los legisladores, porque, con información, podríamos evaluar mejor el desempeño de sus funciones.
“Hoy me parece que tenemos un Poder Legislativo que nos cuesta mucho y que produce poco, y esa percepción es producto de la opacidad que generan los propios legisladores”, opina el coordinador de la maestría en gobierno y asuntos públicos y el doctorado en administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Irregularidades en nueva sede

Con más de medio año de demora en su terminación, la nueva sede del Senado ha sido objeto de cuestionamientos a los legisladores sobre el uso de los recursos y las razones del retraso de la obra.
Tales responsabilidades han sido atribuidas a la empresa constructora GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), entidad fiduciaria del Fideicomiso de Inversión y Administración 1705 “Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores”.
No obstante, en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF señala que, durante ese año, el Senado reportó un gasto en la obra mucho menor al que consignó el Fideicomiso. La diferencia entre los montos fue de 470 millones de pesos.
Ese año, el Senado informó un gasto de 499 millones 248 mil 200 pesos, mientras que las erogaciones del Fideicomiso, consignadas trimestralmente en el DOF, sumaron 880 millones 455 mil 900 pesos.
Esas erogaciones, efectuadas por el Banobras, fueron hechas conforme al programa-presupuesto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para pagos a la empresa constructora, de acuerdo con la ASF.
En dicho Comité participan los senadores José González Morfín, del Partido Acción Nacional (PAN); Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional; José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido del Trabajo.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, tanto el Senado como el Banobras “reconocen que se ejercieron recursos no reportados en la Cuenta Pública”, por lo que observa “un inadecuado registro y control de los recursos del proyecto”.
Además, el monto reportado por el Senado en la Cuenta Pública 2009 tampoco correspondió con el presupuesto que tenía asignado, el cual ascendía originalmente a 300 millones de pesos y luego se modificó a 410 millones de pesos.
Sin embargo, la ampliación de 110 millones de pesos parece no haber sido suficiente, ya que el Senado reportó un ejercicio de 89 millones 248 mil 200 pesos adicionales, con lo que tuvo un sobreejercicio de la quinta parte de los recursos autorizados.
Al revisar el contrato celebrado con la empresa constructora GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, perteneciente al Grupo Indi, la ASF también encuentra que el cálculo por cargo de financiamiento se excedió en 7 millones 485 mil 300 pesos en 2009, por lo que “se han generado pagos en exceso” por dicho monto.
Al respecto, la ASF hizo una solicitud de aclaración al Senado para que proporcionara la documentación justificativa y comprobatoria de dichos pagos, que derivaron del cálculo incorrecto del cargo por financiamiento en el contrato SEN/BANOBRAS/L001/2007.
“En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”, advierte la ASF.
La revisión también detectó que no se realizaron estudios de factibilidad ni de costo-beneficio del Proyecto y que éste no se registró en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.
Lo anterior se fundamenta en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los programas y proyectos de inversión deben presentar una evaluación del costo-beneficio “donde se muestre que son susceptibles de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables”, además de registrarse en la cartera que integra la SHCP para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Senado contestó a la ASF que el Fideicomiso inició operaciones en 1994 y la Legislación vigente no contemplaba estas obligaciones. Sin embargo, se mantuvo la observación dado que el Senado no aclaró cómo se corrigió dicha situación para adecuarlo a la normativa vigente.
Respecto de las observaciones hechas por la ASF, el senador González Morfín, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, declaró que éstas ya han sido solventadas.
El líder del grupo parlamentario del PAN expresó que, “afortunadamente”, el Senado optó por un esquema de fideicomiso para la construcción de la obra. Por ello, es el Banobras, como fiduciario, “el que tiene que dar la cara por el manejo del dinero”.
No obstante, el senador reconoció que el Comité Técnico es responsable de vigilar el uso de los recursos entregados a través del Fideicomiso.
Puente Martínez advierte la ausencia de una estructura de rendición de cuentas en la construcción de la nueva sede del Senado, ya que las reglas no establecen ningún tipo de responsabilidad para los senadores, sino sólo para la empresa constructora, no obstante que son los legisladores quienes decidieron contratarla.
“En una estructura de rendición de cuentas –concluye Puente–, tiene que haber reglas, responsabilidades y responsables; en este caso, no hay ninguna de las tres.”
Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

Foro sobre la Reforma Laboral en la Camara de Diputados

Online video chat by Ustream

Informe de Martín Esparza Flores en la Camara de Diputados 6 de Abril de 2011

Realiza SME manifestación contra altas tarifas de luz

Angela González
Miércoles 6 abril de 2011
Esta mañana ciudadanos e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron una manifestación en contra de las altas tarifas del servicio proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un contingente deaproximadamente 100 personas salió de la Paloma de la Paz hacia las oficinas centrales de la paraestatal ubicadas en el norte de la ciudad.
Organizaciones integrantes del pacto Morelos, anunciaron que realizarán 4 movilizaciones ciudadanas en los meses de abril y mayo.Siendo la de esta mañana la primera con la consigna que la CFE verifique los cobros realizados en los últimos meses ya que algunos ciudadanos aseguran los recibos son de hasta el triple de lo que solían pagar por el servicio.
“hasta hace unos meses a mi me llegaba el recibo de luz en 640, 700 pesos, a partir de que me ponen otro medidor, un medidor impuesto que yo no solicité me suben la luz a 1048 pesos, lo que estamos pidiendo es que nos tomen cuotas justas y que no nos lleguen tan caros los recibos”. Denuncio María de los Ángeles Sánchez, ciudadana inconforme.

Cuernavaca: ONG´S anuncian marchas en la entidad

Héctor Salazar Porcayo, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Morelos, señaló que en todas las marchas se harán bloqueos parciales del tránsito vehicular así como mítines en los lugares de llegada.
Angela González
Organizaciones civiles pertenecientes al pacto Morelos por la soberanía alimentaria y energética anunciaron movilizaciones para este mes de abril y el primer día de mayo, las exigencias serán varias por los que se realizarán 4 marchas distintas, la primera será mañana 6 de abril a las 9:00 de la mañana, de la Glorieta de la Paz hacia las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la cual se exigirá el alto al cobro excesivo de tarifas por el servicio de la paraestatal; la segunda será también mañana para exigir el reconocimiento de pago de prima de antigüedad a maestros jubilados y la sede es frente a Palacio de Gobierno; la tercera será contra las reformas a la ley federal del trabajo el día jueves 7 de abril a las 4:30 de la tarde saliendo del Calvario hacia el Congreso del estado; y la última marcha es para la conmemoración del primero de mayo, día del trabajo, que saldrá desde el IMSS de Plan de Ayala hacia el Zócalo capitalino a las 9:00 de la mañana.

Héctor Salazar SME: Pagan más los "más jodidos", grandes negocios y empresas pagan menos

Hay una inconformidad de casi todo el estado, por el pesimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad.
En México las tarifas de electricidad más caras del mundo
Martes 5 de Abril de 2011
El lider del SME señaló: "quieren cambiar los medidores mecanicos por digitales los cuales funcionan por medio de una tarjeta inteligente lo cual ocasionará un quebranto hacia la ciudadanía", "el sistema de prepago no sirve"; mañosamente "alguien se beneficia"
Por tal motivo, invitó a la ciudadanía a integrarse a la Asamblea Estatal de Usuarios de Energía Eléctrica, cuyo objetivo es frenar los abusos en los altos cobros, disminución a cuotas excesivas y recibir asesoramiento para evitar los cortes arbitrarios del servicio.




"Los usuarios cada véz están mas  descontentos con las empresas contratistas al servicio de la CFE, los funcionarios responsables han hecho caso omiso en casos como la quema de una casa por un error de esa dependencia, cuando diputados locales mandaron llamar a los funcionarios de la CFE para que informaran sobre la situación de los altos costos se comprometieron a dar solución y al final no hicieron nada".
Además, señaló: "La gente quiere pagar, pero lo justo, la delegación de la PROFECO en Morelos sólo realiza convenios para pagar altas cuotas, pero no rebaja nada aunque sea a plazos".
El día de mañana 6 de Abril habrá manifestación pacífica en las oficinas de la CFE, solo esperan que los encargados de la comisión asuman su responsabilidad y les den respuesta a sus demandas. 

Publicado por Adocampo

Negligencia en la PGR podría alcanzar a Felipe Calderón

5 Abril 2011
Al ahora extitular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, se le podrían fincar responsabilidades penales por dejar de abrir investigaciones de cada uno de los miles de homicidios vinculados con la delincuencia organizada, aseguran legisladores. Incluso, el propio titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, podría enfrentar juicio político y ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, explican especialistas. Las decenas de miles de asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y relacionadas con delitos contra la salud, deberían ser investigadas de oficio –como establecen las leyes– por el Ministerio Público federal, algo que se dejó de hacer por negligencia e incapacidad.
La “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico había provocado la muerte de 34 mil 612 personas hasta diciembre de 2010. A la cifra oficial habrán de sumarse los más de 3 mil casos ocurridos en lo que va del año.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público Federal.
Sin embargo, el órgano de procuración de justicia no ha tenido la capacidad de administrativa de hacer frente a las decenas de miles de asesinatos cometidos durante los más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el legislador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, la PGR ha levantado averiguaciones previas de apenas el 7 por ciento de los casos (alrededor de 2 mil 600). El senador justifica la cifra, pues, considera, los demás casos deben ser abordados por las autoridades locales.
Sin embargo, legisladores de oposición y abogados consideran que por estas “omisiones” se le podrían fincar responsabilidades penales a los titulares de la Procuraduría durante lo que va del calderonismo: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.
En junio de 2010, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la PGR dieron, de manera conjunta, las cifras de muertos del combate contra el crimen organizado ocurridas hasta esa fecha. Los datos oscilaron entre los 28 mil y 31 mil.




Entonces, la PGR buscó “justificarse”. Argumentó que la “presunción” de que los homicidios están relacionados con el crimen organizado ?boletín 740/10? no basta para que intervenga en la investigación; tampoco, si se relacionan jurídicamente con delitos federales. Los artículos 73 constitucional y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen la facultad de la PGR para atraer los casos en los que existe un homicidio de personal diplomático, servidores públicos federales, policías o elementos de las Fuerzas Armadas; pero no es aplicable para el resto de la población, interpretó. “Cuando se trata de civiles inocentes, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales”, justifica el boletín de junio de 2010.
Sin embargo, el abogado Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indica que sí correspondería a la PGR las investigaciones de los cerca de 35 mil ejecutados. Agrega que, de no integrarse las averiguaciones, los servidores públicos sí tienen responsabilidad administrativa, política, civil y penal, “incluyendo al propio presidente de la República”.
El legislador panista Santiago Creel Miranda, integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoce que cada caso debe evaluarse porque, “en algunos, no se actúa como lo marca la Constitución”.
Desde enero de 2011, en la página de la Presidencia de la República se presenta la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada, en la cual se cuantifica la muerte de 34 mil 612 personas (546 agresiones, 3 mil 153 enfrentamientos y 30 mil 913 ejecuciones).
Los estados que concentran el mayor número de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.
Las estadísticas nacionales que proporciona la PGR en su página electrónica muestran que se iniciaron 514 mil 591 averiguaciones previas, entre 2007 y 2010, de las cuales 248 mil 367 son por delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros). No se detalla el número de casos por homicidios.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la PRG señala que a la Procuraduría le corresponde investigar y perseguir los delitos de orden federal, en la averiguación previa y ante los órganos jurisdiccionales. En el artículo 11, se indica que debe contar con unidades administrativas que atiendan las diferentes manifestaciones de la delincuencia organizada.
“El homicidio es un delito del fuero común. La primera responsable de hacer la investigación es la Procuraduría estatal; pero como tiene sus propios tiempos, va a depender de las características sociales o políticas de ese momento para que se ocupe de los casos o para que la PGR pueda atraerlos. El problema de los homicidios que estamos viendo producto de toda la violencia del narcotráfico es responsabilidad de las autoridades estatales, y en segunda instancia, sí de la Procuraduría federal”, expone Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz, el Ejército sólo puede realizar actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que es posible que el Ejército esté en las calles en circunstancias como las actuales.
“No existe la imparcialidad en el derecho, pues quienes interpretan las normas pueden llegar a concluir en función de sus intereses específicos y políticos. Hay impunidad absoluta. El Estado hace lo que le viene en gana: investiga sólo si quiere; no existe ningún tipo de control legal y queda en la impunidad la muerte de los civiles”, puntualiza Méndez Silva.



Al tratarse de delitos graves, corresponde a las autoridades ministeriales integrar las investigaciones de manera oficiosa y se toma en cuenta el contexto. Para el senador por el Partido de la Revolución Democrática René Arce Islas, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, “habrá que ver si en algún momento los casos han sido archivados sin ninguna averiguación al respecto. Hay que ver si lo están tomando como una especie de estadística. Eso sí sería muy delicado porque va en contra de la posibilidad de que aquí se persiga el delito, y eso habla de la impunidad que existe en el país”.
Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, calcula que el 93 por ciento de los homicidios es del fuero común. El legislador integrante de la bancada del Partido Acción Nacional se apresura a señalar que “el Estado mexicano no ha fallado”. Pero, reconoce, “han fallado leyes que no se cumplen”.
Agrega que la “guerra” contra el narcotráfico ha beneficiado también a los gobiernos de los estados. “La única estrategia que le funciona a los gobernadores es pedir Ejército y Policía Federal cuando se les aprieta con los criminales. Ése fue el acuerdo con el presidente”.
El priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, dice que no cuestiona que se haya decidido enfrentar al crimen organizado con la fuerza del Estado; pero sí, la manera en que se ha hecho.
Santiago Creel, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, indica que es necesario que tras la salida de Arturo Chávez Chávez de la PGR, “llegue un tipo que eche para fuera toda la escoria y meta personal nuevo para que funcione. No es el procurador el que falla, pero sí tiene que llegar un individuo que se dé cuenta de que no está caminando la Procuraduría”.
Antes de que presentara su renuncia, Contralínea solicitó entrevista con el entonces procurador Chávez Chávez a través de la Dirección General de Comunicación Social. Elisa Torres y Rocío Cabrera dijeron que, por cuestiones de “agenda”, quien daría la entrevista sería Ricardo Celso Nájera Herrera, titular del área. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Juicio político, una opción

Para la diputada por el Partido de la Revolución Democrática Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y a las instancias encargadas de la seguridad pública y nacional podrían enfrentar un juicio político por los muertos en “esta guerra absurda”.
“Al gobierno federal le ha faltado hacer un planteamiento integral de combate a la delincuencia organizada. No hay una estrategia; es un ataque con tintes políticos que sirvió para legitimar la estadía de Calderón en la Presidencia de la República. Pero como no se ha podido consolidar como un auténtico presidente de los mexicanos, ha tenido que utilizar al Ejército y a las Fuerzas Armadas para poder tener trato con los civiles.”
El título cuarto de la Constitución y el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen el procedimiento ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político y la declaración de procedencia. Este proceso sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe su cargo y un año después de que concluya. El presidente goza de inmunidad y sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pues se estima peligroso para la seguridad nacional el darle trato igualitario a quien representa el Estado nacional.
“Tendríamos que llevar al presidente de la República a un juicio político. Consideramos que habría que realizar la petición para que se le procese, pero por la composición de los grupos parlamentarios en el Congreso (237 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 142 de Acción Nacional y 69 de la Revolución Democrática) no sería tan factible”, reconoce la legisladora Dolores de los Ángeles Nazares.
La perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero explica que el presidente de la República y su Procuraduría “se han metido en un gran lío” que podría derivar en una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional, organismo multilateral, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Su función es enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estatuto Roma de 2002 establece responsabilidad penal a jefes de Estado, en forma individual, cuando se den violaciones graves a los derechos humanos. El fiscal de la Corte puede iniciar una investigación, siempre y cuando cuente con información previa y el testimonio de la víctima, su familia o una organización no gubernamental.
En el actual contexto de la “guerra” en México, suceden delitos que la Corte Penal Internacional investiga: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, privación de la libertad física, tortura, desaparición forzada. En los crímenes de guerra, cometidos en conflictos armados internacionales e internos, se anexa el dirigir ataques contra la sociedad civil y causar daños a personas indefensas.
“En circunstancias como las nuestras, existe una guerra por la vía de los hechos porque hay grupos claramente diferenciados (bandas del crimen organizado, el Ejército Mexicano y la Policía Federal) que están en conflicto. Eso implica que no solamente Calderón tendría responsabilidad penal por crímenes de guerra, sino también los jefes de los cárteles del narcotráfico, porque nadie puede atentar en contra de civiles. En realidad, existe una guerra civil en este país y el crimen organizado es una insurgencia que controla políticamente amplias zonas del territorio nacional. Eso es gravísimo e implicaría que los grupos contendientes sean juzgados”, señala Sergio Méndez.
Para el abogado de la CMDPDH, existen candados porque México acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sólo en casos específicos. Quienes tienen el poder mundialmente y respaldan a Calderón en esta guerra ilícita, agrega, no admitirán una intervención judicial de este tipo porque no les conviene a sus intereses. Así, lo que se ha denominado “daños colaterales” no ha sido sometido a investigación federal y tampoco se han fincado responsabilidades.

ASF reprueba a la PGR

En la auditoría de desempeño realizada a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo fiscalizador de la Cuenta Pública encontró que de las 178 mil 409 averiguaciones previas levantadas durante 2009, apenas en el 21 por ciento (38 mil 724) se consignó un supuesto responsable
En la auditoría 09-0-17100-07-1086, se establece que “la ASF estimó que, de cada 10 casos, dos llegan a consignarse y uno recibe sentencia”.
“El proceso de investigación del delito es complicado. Los propios ministerios públicos se quejan porque tienen 48 horas para integrar una averiguación previa y eso es tiempo insuficiente; por eso, las figuras del arraigo para poder investigar. No todas las denuncias que se presentan por delito necesariamente proceden. Quien determina si se procede o no es el juez, no el Ministerio Público”, detalla el investigador Martín Barrón.
Según la Auditoría Superior, la Procuraduría no determinó el número de consignados y sentenciados; no evaluó la calidad en la integración de las averiguaciones previas ni la profesionalización de su personal. Tampoco dispuso de estrategias y metas para atender las “debilidades detectadas” en las visitas de supervisión y evaluación de las averiguaciones previas.



Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

CFE reporta a más de nueve mil usuarios sin luz


Publicado por Adocampo

Javier Lozano, ¿turista electoral y bravucón de twitter?


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