El día de hoy 19 de julio de 2010 la Jueza del Cuarto Juzgado Penal Federal, Lic. Griselda Sáenz Horta, dictó auto de formal prisión a Hector Salazar Porcayo, sub secretario general del SME en Cuernavaca, bajo la falsa acusación de privación ilegal de la libertad de funcionarios de la CFE y del SAE durante hechos ocurridos el 17 de febrero en instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en la Agencia Gobernadores, por lo que será sujeto a proceso junto a su compañero Marco Antonio García Barrera, sub secretario de Trabajo del Sub Comité del SME, quien se encuentra en libertad bajo caución de 10 mil pesos. En el caso de Hector Salazar, debe depositar 30,500.00 pesos en Cuernavaca y 38,000.00 en el Juzgado 10o del D.F. para poder enfrentar en libertad dicho proceso.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha dado puntual seguimiento de las denuncias presentadas por las y los trabajadores del SME por las agresiones sufridas a manos de la PFP, Ejercito y policia estatal de la SSP, sin que hasta la fecha autoridad alguna haya dado respuesta a estas denuncias, por lo que el proceso de criminalización de las luchas continúa en contra del SME, manteniendo en la impunidad los actos de violación de derechos humanos cometidas por autoridades y funcionarios, quienes en una maniobra carente de etica y legalidad han recurrido a toda clase de argucias para acusar falsamente a la dirigencia sindical de haber cometido ilicitos que son avalados por jueces venales al servicio del poder y no de la justicia, por lo que resulta claro que además de una medida de represión politica y sindical, se pretende destruir la resistencia de los trabajadores que han mantenido en pie de lucha por más de 9 meses sin recibir salario, demandando sus derechos laborales, exigiendo su recontratación a través de la figura de patrón sustituto a la CFE.
El SME en Morelos ha señalado con claridad que: “el día 17 de febrero ingresaron a la Agencia Gobernadores, individuos que en todo momento se negaron a acreditarse oficialmente. Categóricamente afirmamos que nunca se retuvo a las personas que ingresaron a estas instalaciones, que nunca intentaron salir, pues llovia copiosamente. En todo momento se pidio el diálogo con los responsables del operativo y acatamos las indicaciones del personal de seguridad que resguardaba la Agencia Foránea Gobernadores. Siempre se pidió a loscompañeros que guardaran la calma, a pesar de su falta de confianza, pues suponían sabiamos de este operativo, y al no ser avisados, temían un saqueo de las instalaciones, con las implicaciones que esto conllevaría, el mal uso de herramientas de trabajo, para que después injustamente se fincaran responsabilidades judiciales. Las personas que se introdujeron a las instalaciones violaron sellos de resguardo federal colocados el 5 de febrero, en presencia y fe pública de los Notarios número 9 y 4 de Cuernavaca. En ese acto, Hector Salazar Porcayo, en su carácter de Sub Secretario General de la División, junto con funcionarios públicos federales del SAE y CFE, acreditamos que el acceso a las instalaciones por los trabajadores para recoger sus pertenencias, se dio de manera ordenada y pacífica, quedando pendiente otra cantidad considerable de compañeros por recoger sus efectos personales. También se acordó que en futuros ingresos la coordinación sería tripartita, de manera que se garantizara el patrimonio de LyFC y las herramientas de trabajo de compañeros, como los sellos personales utilizaos en su labor cotidiana y sus pertenencias, firmándose las etquetas de resguardo por las tres partes que contenían los sellosde los notarios que dieron fe de ese acto”.
Todos estos elementos fueron aportados a la Juez Cuarta, Griselda Saenz Horta, quien, sin embargo, no solo los desechó, sino que incurre en el mismo proceder de los jueces venales y corruptos que procesaron y sentenciaron injustamente a los integrantes del FPDT de Atenco, quienes tuvieron que permanecer injustamente detenidos más de 4 años hasta que la SCJN revirtió la sentencia y ordenó su liberación al otorgar un amparo llano y directo.
Hasta cuando el sistema judicial mexicano será capáz de actuar de manera autónoma del poder político y respetar los procedimientos y mecanismos que garanticen la justicia verdadera para el pueblo trabajador? Este cuestionamiento no es menor a la luz del crecimiento de las contradicciones sociales y el estallido de la inconformidad social ante el autoritarismo, la represión, la criminalización de la protesta social y la persecusión y encarcelamiento de dirigentes sindicales y luchadores sociales que, como en el caso de Hector Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera, se debe a acusaciones inventadas y manipulación de procesos que son viciados de origen.
Expresamos nuestro repudio a esta medida de la Jueza Griselda Sáenz Horta y exigimos cese la persecusión a los dirigentes sindicales del SME en Morelos y alto a la represión política y sindical del gobierno de Calderón.
Atentamente
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha dado puntual seguimiento de las denuncias presentadas por las y los trabajadores del SME por las agresiones sufridas a manos de la PFP, Ejercito y policia estatal de la SSP, sin que hasta la fecha autoridad alguna haya dado respuesta a estas denuncias, por lo que el proceso de criminalización de las luchas continúa en contra del SME, manteniendo en la impunidad los actos de violación de derechos humanos cometidas por autoridades y funcionarios, quienes en una maniobra carente de etica y legalidad han recurrido a toda clase de argucias para acusar falsamente a la dirigencia sindical de haber cometido ilicitos que son avalados por jueces venales al servicio del poder y no de la justicia, por lo que resulta claro que además de una medida de represión politica y sindical, se pretende destruir la resistencia de los trabajadores que han mantenido en pie de lucha por más de 9 meses sin recibir salario, demandando sus derechos laborales, exigiendo su recontratación a través de la figura de patrón sustituto a la CFE.
El SME en Morelos ha señalado con claridad que: “el día 17 de febrero ingresaron a la Agencia Gobernadores, individuos que en todo momento se negaron a acreditarse oficialmente. Categóricamente afirmamos que nunca se retuvo a las personas que ingresaron a estas instalaciones, que nunca intentaron salir, pues llovia copiosamente. En todo momento se pidio el diálogo con los responsables del operativo y acatamos las indicaciones del personal de seguridad que resguardaba la Agencia Foránea Gobernadores. Siempre se pidió a loscompañeros que guardaran la calma, a pesar de su falta de confianza, pues suponían sabiamos de este operativo, y al no ser avisados, temían un saqueo de las instalaciones, con las implicaciones que esto conllevaría, el mal uso de herramientas de trabajo, para que después injustamente se fincaran responsabilidades judiciales. Las personas que se introdujeron a las instalaciones violaron sellos de resguardo federal colocados el 5 de febrero, en presencia y fe pública de los Notarios número 9 y 4 de Cuernavaca. En ese acto, Hector Salazar Porcayo, en su carácter de Sub Secretario General de la División, junto con funcionarios públicos federales del SAE y CFE, acreditamos que el acceso a las instalaciones por los trabajadores para recoger sus pertenencias, se dio de manera ordenada y pacífica, quedando pendiente otra cantidad considerable de compañeros por recoger sus efectos personales. También se acordó que en futuros ingresos la coordinación sería tripartita, de manera que se garantizara el patrimonio de LyFC y las herramientas de trabajo de compañeros, como los sellos personales utilizaos en su labor cotidiana y sus pertenencias, firmándose las etquetas de resguardo por las tres partes que contenían los sellosde los notarios que dieron fe de ese acto”.
Todos estos elementos fueron aportados a la Juez Cuarta, Griselda Saenz Horta, quien, sin embargo, no solo los desechó, sino que incurre en el mismo proceder de los jueces venales y corruptos que procesaron y sentenciaron injustamente a los integrantes del FPDT de Atenco, quienes tuvieron que permanecer injustamente detenidos más de 4 años hasta que la SCJN revirtió la sentencia y ordenó su liberación al otorgar un amparo llano y directo.
Hasta cuando el sistema judicial mexicano será capáz de actuar de manera autónoma del poder político y respetar los procedimientos y mecanismos que garanticen la justicia verdadera para el pueblo trabajador? Este cuestionamiento no es menor a la luz del crecimiento de las contradicciones sociales y el estallido de la inconformidad social ante el autoritarismo, la represión, la criminalización de la protesta social y la persecusión y encarcelamiento de dirigentes sindicales y luchadores sociales que, como en el caso de Hector Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera, se debe a acusaciones inventadas y manipulación de procesos que son viciados de origen.
Expresamos nuestro repudio a esta medida de la Jueza Griselda Sáenz Horta y exigimos cese la persecusión a los dirigentes sindicales del SME en Morelos y alto a la represión política y sindical del gobierno de Calderón.
Atentamente
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
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